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El COVID-19 y su Fuerza Mayor no eximen del cumplimiento contractual en todos los casos.

A finales del año 2019 se detecta un nuevo virus en Asia, al que se denomina COVID-19. En ese momento nadie entendía su real propagación y afectación a nivel mundial, hasta ser declarado Pandemia por la OMS semanas después. 

Como punto de partida, vimos a China establecer acciones radicales como el aislamiento social, confinamiento domiciliario y restricción a la libre movilidad a sus habitantes, situación que se vería replicada en cada país donde se encuentra incursionando el mencionado virus, y nos pareció exagerado en ese momento. Es preciso destacar lo manifestado por un joven líder Latinoamericano, el presidente de El Salvador, Namibia Bukele: “Cualquier medida que tomemos ahora parecerá exagerada; pero cualquier medida que queramos tomar después será insuficiente. No perdamos más tiempo. Cada hora cuenta.” Estas medidas radicales, que ahora se aplican a nivel generalizado, nos privan de nuestros derechos a la libre movilidad y asociación, y se agravan con incertidumbre generalizada entre la población.

Sin perjuicio de la problemática social y jurídica de la grave situación que vivimos, la pandemia pone un gran reto a la economía mundial, ya que precisamente la teoría de la elección racional, que la mayoría de economistas del mundo plantean como la suposición de que el individuo o agente tiende a maximizar su coste-beneficio, no es la más adecuada o la más seguida en momentos de crisis o de angustia financiera, ya sea por sesgos cognitivos u otros factores que alteran la racionalidad del individuo al tomar decisiones, entre ellas medidas económicas.

Esto se materializa en el mundo empresarial, por ejemplo, en las líneas aéreas, que ante el cierre de fronteras ya advierten y sufren no solo perdidas económicas, sino también incumplimientos generalizados de contratos y pactos comerciales previamente adquiridos. La industria automotriz, que depende directamente de materiales, insumos y productos procedentes principalmente de Asia, se encuentran en la irresistible e imprevista posición de no poder cumplir con lo comprometido, en su gran mayoría por fuerza mayor y caso fortuito, lo cual afecta a toda la cadena de distribuidores, concesionarios, comerciantes locales y al cliente final. Esto provoca que tanto a nivel empresarial de gran escala, como el pequeño comerciante, se encuentran inmersos en una grave crisis financiera, a lo que se suman incumplimientos de pactos contraídos, tanto a nivel nacional como internacional.

Por todo lo expuesto, el COVID-19 y sus efectos plantean la importante y coyuntural discusión jurídica sobre la responsabilidad por los incumplimientos contractuales generalizados, lo cual puede suponer la terminación de contratos, demandas, reclamación de daños y perjuicios, entre otras consecuencias legales y prácticas, activándose cláusulas de resolución de disputas, así como figuras legales de exoneración como la fuerza mayor y el caso fortuito.

Con toda esta situación a nivel mundial, centrándonos en el mundo jurídico, lo aconsejable y conveniente será darle una lectura jurídica global a esta problemática contractual. Como primera fuente, debemos identificar lo que dice nuestro ordenamiento jurídico sobre la figura de contrato, de fuerza mayor y caso fortuito, de responsabilidad civil, su alcance y especialmente sus causas de exoneración. Esto será imperativo para que tanto contratante como contratado, tengan una clara visión y guía sobre los efectos y repercusiones de la situación generalizada, así como de su caso particular, sacándolos de su actual estado de incertidumbre.

Como primera fuente de derecho, nuestro código civil define al contrato en su artículo 1454: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.” La razón de ser del contrato, por tanto, sea éste civil, comercial, mercantil, administrativo o de otra índole, es producir efectos jurídicos que consigan realizar una dinámica económica que se evidencie en un excedente o beneficio, donde todas las partes deberían encontrarse en una mejor posición a la que tenían antes de la celebración de dicho contrato, y por lo tanto dicho excedente represente un beneficio personal y social. De aquí la importancia de que estos instrumentos que nos proporciona la ley, sean analizados y entendidos de forma correcta desde la perspectiva del fondo, así como de la forma.

El mismo cuerpo normativo define en su artículo 30 al caso fortuito y fuerza mayor: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”, por lo que podríamos concluir que como caso fortuito puede atribuirse lo que acontece inesperadamente, es decir lo “imprevisible”, como por ejemplo el Terremoto de Manabí del año 2016 en Ecuador. En ese ejemplo (hechos de la naturaleza), muchas edificaciones que se encontraban bajo contratos de promesa de Compra-venta, quedaron destruidos, lo que generó el forzoso incumplimiento contractual por parte de quien se comprometió a entregar una casa objeto de dichos contratos.

Por otro lado, la fuerza mayor se direcciona a lo “irresistible” o “inevitable”, por ejemplo el caso ocurrido en octubre de 2019 en las principales ciudades de nuestro país, al verse limitada y prácticamente anulada la libre movilización, incluyendo vehículos de transporte de alimentos perecibles. Estos hechos irregulares, reñidos con el derecho, provocados por la violencia de grupos organizados de la sociedad civil (actos de humanos) que causaron caos, terror y afectaron gravemente la dinámica social cotidiana, limitando directamente y por la fuerza derechos ciudadanos, trajeron como consecuencia que la mercancía y productos del ejemplo, perecibles, se estropearan y no hayan podido ser entregados en las condiciones contractuales acordadas por quienes los contrataron.

Podemos resumir que el caso fortuito y la fuerza mayor suponen el origen del impedimento para cumplir la obligación, debido a un hecho extraordinario, imprevisto e irresistible, ajeno a la voluntad del que incumple. Doctrina, jurisprudencia y la ley lo confirman.

La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el particular. Por ejemplo, en la Sentencia nº 0541-2009 de la Ex Sala de Lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia (2008), se aclaró: “Esta Sala considera que las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor a las que se refiere el Art. 30 del Código Civil y que, pueden abarcar una cantidad innumerable de eventos, pueden ser provocados por la acción de la naturaleza o del hombre, pero que, en definitiva, tienen como común denominador el superar o impedir que quien deba cumplir con determinada obligación, efectivamente pueda cumplirla, enerva entonces la voluntad del obligado, pues ante situaciones de tal magnitud está imposibilitado de cumplir, hacer o dejar de hacer alguna cosa”.

Cabe en este punto la siguiente interrogante: ¿Puede definirse la pandemia del COVID-19 como un caso fortuito para todos los casos en forma general? La discusión jurídica sobre este punto y sus alcances se verá desarrollada con mucha frecuencia a nivel nacional e internacional. La ley es clara, más aún considerando que “el deudor no es responsable del caso fortuito” en materia contractual, salvo que lo asuma expresamente (Código Civil), pero resultará de vital importancia analizar e interpretar las cláusulas de cada contrato, y las circunstancias de cada caso, para aplicar lo acordado por las partes.

Abundan en este momento juristas encasillados en la generalidad, que apelan al sonado caso fortuito y fuerza mayor para liberar a sus clientes de incumplimientos, responsabilidad y sus consecuencias. Sin embargo, y aunque no guste, no todo es culpa del COVID-19! No toda situación de fuerza mayor en determinados tiempo y efectos, supone una exoneración directa de responsabilidades para toda situación, obligación y contrato. Considero que aportan en este punto, los apuntes del Profesor Fernando Gómez Pomar: “Fundamentos del Análisis Económico del Derecho de Contrato”:

  • Debido a que el contrato es ley para las partes, éste debe ser analizado e interpretado de forma técnica, por lo que seguramente se estableció con claridad esta particularidad en una o varias de sus cláusulas.
  • ¿El incumplimiento nació en el espacio y tiempo de vigencia del contrato como consecuencia del aparecimiento del COVID-19?, lo que se podría definir como un efecto de la causalidad.
  • Influye la existencia de cuidados o actividades realizadas por el hoy incumplidor, para mitigar el riesgo.
  • En general, la aparición del virus se la puede definir como un evento “irresistible” o “inevitable”. Y aquí una situación especial sobre el manejo de la información que tuvo la parte que tenía que hacer o cumplir lo pactado.

De conformidad a los apuntes del catedrático antes mencionado, en relación que a este evento sucede en tiempo y geografía distinta a la de las partes contratantes, cobra una necesaria importancia la notificación del incumplimiento.

A la luz de lo analizado, podemos apreciar que el aparecimiento del virus COVID-19, para ciertos casos y dependiendo de las cláusulas, elementos y circunstancias específicas de cada contrato, podría no conllevar los efectos legales de un caso fortuito o Fuerza Mayor, ya que para constituir un eximente de responsabilidad contractual, es necesario que confluyan algunos elementos o acciones que no pueden generalizarse. Por lo tanto, es necesario que analicemos cada contrato en concreto para que, desde la perspectiva de cumplidor o incumplido, se aplique lo consagrado en la ley como un eximente de responsabilidad, o no. Consecuencia de lo anterior será el poder definir la existencia de daños y la necesidad de una reparación, o no.

Lo aconsejable frente a esta peculiar situación, es contar con asesoramiento legal especializado, para una correcta defensa de sus intereses, buscando conseguir un reparto justo y eficiente entre las partes, del excedente económico particular y social, de los contratos previamente suscritos. El equipo de profesionales especializados de López Ribadeneira & Mora está listo para asesorarle en este coyuntural y relevante temas para sus negocios y obligaciones, a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Ab. Gabriel Galarza I.

López Ribadeneira & Mora

www.lopezribadeneira.com

Marzo 18, 2020.  

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